Cuestionaron severamente las pruebas presentadas por el juecismo para mostrar el fraude. Aseguraron que "en la impugnación que ha sido promovida, no se ha visto ni mínimamente cumplida una carga probatoria avalatoria de las tesis ventiladas".
"Por el contrario, ha existido una mayor preocupación por instalar el tema fuera de lo judicial y por lo tanto, con instrumentos y contextos que no pueden ser sometidos a ningún tipo de control y tutoría por este Poder Judicial en esta instancia".
Consideraron que si se accediera al pedido del Frente Cívico, “se estaría generando un desapoderamiento de los resultados legítimos de los ciudadanos que han votado de una manera determinada y de varios miles de ciudadanos que cívicamente han cumplido con roles de funcionarios públicos certificando con su rúbrica información electoral precisa”.
Defendió la tarea de los ciudadanos involucrados en el proceso electoral y dijo que frente "a un panorama devastador y sombrío de institucionalidad como es denunciado por los impugnantes, no queda sino pensar que la totalidad de presidentes de mesa y sus suplentes, son personas ingenuas y poco atentas que han dejado pasar por frente de sus narices cuestiones de una obviedad y gravedad inusitada...".
El Tribunal Superior reconociò que la complejidad del acto eleccionario por la cantidad de boletas en el cuarto oscuro y recuerdó que “la propia Alianza Frente Cívico" fue en sumatoria con varios partidos.
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